En Colombia, la violencia contra los niños y niñas es una crisis que nos golpea todos los días. Sin embargo, en lugar de centrarnos en la protección real de la infancia, el debate público ha sido secuestrado por discursos que desvían la atención de lo verdaderamente importante. Mientras algunos gritan «Con los niños no te metas» para oponerse a la educación en diversidad y derechos humanos, los casos de abuso, violencia sexual y homicidios de menores siguen aumentando, sin que estos sectores levanten la voz por las víctimas reales.
Recientemente, el país se estremeció con el feminicidio de Emily Villalba, una joven de 15 años en Chocontá, Cundinamarca. Desapareció el 11 de marzo de 2025 y fue encontrada sin vida al día siguiente. La investigación señala como sospechoso a un vecino cercano a la familia. Este crimen es un reflejo de una realidad innegable: la mayor amenaza para la niñez proviene de su propio entorno, no de las aulas donde se les enseña sobre respeto y diversidad. El País
Según UNICEF, cada día en Colombia 53 niños y niñas son víctimas de violencia sexual. Mientras tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 14 masacres en lo que va del año, muchas de ellas afectando a menores de edad. La Procuraduría, por su parte, ha alertado sobre el aumento en los homicidios de niños y adolescentes, cifras que deberían encender todas las alarmas. Sin embargo, el debate público sigue centrado en falsas amenazas, en lugar de enfocarse en la urgencia de garantizar entornos seguros para nuestros niños.
Es doloroso y preocupante ver cómo ciertos sectores utilizan la supuesta defensa de la infancia como una bandera política, mientras guardan silencio ante los verdaderos crímenes que destruyen la vida de miles de menores en el país. La violencia contra la niñez no se combate con discursos de odio ni con censura a la educación, sino con acciones concretas: fortaleciendo la justicia, castigando a los agresores y garantizando espacios seguros en los hogares, escuelas y comunidades.
Es momento de escuchar más a las víctimas y menos a quienes manipulan el miedo para desviar la conversación. Los ojos de la ciudadanía y las decisiones de la justicia deben estar sobre quienes realmente hacen daño a la infancia. Los abusadores deben enfrentar las máximas consecuencias y el país entero debe comprometerse con la verdadera protección de sus niños y niñas. ¡La protección de la infancia no es negociable!
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